La Diputación trabaja en una ordenanza que regule el consumo de alcohol en la provincia

El diputado responsable del área de Bienestar Social de la Diputación de Burgos, Jorge Mínguez, ha avanzado este jueves que la Institución Provincial ha comenzado a trabajar en la elaboración de una “ordenanza tipo” para regular el consumo de alcohol en los municipios de la provincia. Esta ordenanza será el resultado de las principales conclusiones del foro de Alcaldes constituido para analizar el creciente problema del consumo de alcohol entre los jóvenes en la época estival, y sobre todo, en las fiestas patronales de los pueblos.

Jorge Mínguez ha explicado que se trata de una “norma básica”, para regular el consumo público de alcohol y la apertura y cierre de los locales en los municipios de la provincia, pese a que el alcohol que se consume en los botellones proviene de las grandes superficies comerciales y de los supermercados. Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que no pretende ser una norma obligatoria y sancionadora, sino que cada municipio deberá adaptarla a sus necesidades, y aprobarla o no.

Esta ordenanza está motivada por unos datos que “cada vez son más preocupantes”. Y es que tal y como ha explicado el coordinador del programa de drogodependencias de la Diputación de Burgos, el Doctor Mateos, el 22 por ciento de los jóvenes de entre 13 y 18 años consume de forma habitual alcohol los fines de semana, un porcentaje que se ha ido incrementando en los últimos años. Así mismo, el 50 por ciento de los casos que llegan a urgencias con un cuadro de coma etílico, corresponden a población de entre 12 y 15 años, y en 2016 se contabilizaron 77 casos registrados en Burgos.

A esto hay que añadir la proliferación de empresas privadas que se dedican al transporte de población juvenil a las fiestas patronales de los municipios, “cargados de botellas de alcohol”, con consecuencias muy negativas para el pueblo y para la convivencia con los vecinos.

Jorge Minguez también ha avanzado que pretenden mantener reuniones inminentes con otras administraciones, como la Junta de Castilla y León o la Subdelegación del Gobierno, para “atajar este problema” de forma conjunta.

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