La Cooperativa Avícola realizó una cesión indebida de trabajadores según la Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo ha emitido una resolución que da la razón a los trabajadores de la Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos que fueron despedidos tras el cierre de la planta de matadero y despiece el pasado mes de noviembre. Así lo ha explicado este lunes el secretario general de la sección de Industria de CCOO, Juan Ignacio Ruiz, quién ha apuntado que con esta resolución se ratifica la posición del sindicato y de los trabajadores en torno a este conflicto con la empresa.

Los hechos se remontan a mayo del año pasado, cuando la Cooperativa Avícola aprueba un ERE tras el cierre del matadero y de la sala de despiece, que afectó a 30 trabajadores. La empresa justificó estos despidos en la baja producción de la planta burgalesa, si bien desde CCOO apuntaron que respondía a una solución para abaratar costes.

Meses después la empresa volvía a abrir la planta, echando mano de una empresa de contratación temporal (ETT), para la contratación de unos 60 trabajadores, con sueldos más bajos y precarios, y que no se ajustan al Convenio Colectivo de este sector. Entonces CCOO presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que comenzó a recabar información sobre la contratación de estos trabajadores.

Siete meses después la Inspección de Trabajo ha dado la razón a CCOO, dictaminando que existe una cesión indebida de trabajadores en todo el proceso de despido y contratación, obligando a una liquidación de las cuotas de carácter retroactivo, y a incluir como indefinidos a los 60 trabajadores temporales en la empresa. De esta manera la resolución obliga a la empresa a equiparar los salarios de estos trabajadores al sueldo que se contempla en el Convenio Colectivo de este sector, con una cuantía de 24.000 euros anuales, frente a los 16.000 que estaban pagando.

Así mismo se ha impuesto una sanción económica aún por determinar tanto a la Cooperativa Avícola, como a la ETT que cedió a los trabajadores, de entre 6.00 y 180.000 euros, por considerarlo una sanción muy grave.

CCOO no descarta acudir a los tribunales si la empresa no muestra el ánimo de acatar esta resolución.

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