Imagina lamenta que la Junta divida el mapa de la provincia sin atender “las demandas reales” del mundo rural

El portavoz de Imagina Burgos en la Diputación de Burgos, Marco Antonio Manjón, ha lamentado que la Junta de Castilla y León “actúe a hechos consumados” y reorganice la división administrativa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST) “sin tener en cuenta a las personas que viven en el mundo rural”. Y es que la “única oportunidad” que la Administración regional ha dado a la ciudadanía ha sido el trámite del plazo de tres meses (hasta el 31 de diciembre), en que las zonas rurales pudieron realizar alegaciones, aportaciones y propuestas de cara a mejorar o enriquecer el mapa. Después de este trámite de participación ciudadana, tras su análisis y con las correcciones que puedan producirse por las aportaciones recibidas, se inició la tramitación contemplada expresamente en la ley, que prevé, como primer paso, el informe de cada una de las diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo y que la Diputación de Burgos dará de paso en el Pleno Extraordinario del próximo viernes. Oscurantismo y electoralismo Una tramitación que se ha llevado con “oscurantismo” y que traerla ahora a colación “obedece a una maniobra política y marcadamente electoralista”, asegura Manjón. La Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León fue aprobada ya hace tres años se ha convertido ahora, después de las elecciones autonómicas y locales, en objetivo del PP. Y lo hace ahora porque ya no tendrá incidencia en el resultado electoral en Castilla y León. Han de cumplir alguna de estas dos condiciones: agrupar al menos 5.000 habitantes o tener la zona agrupada una densidad inferior a 15 habitantes por kilómetro cuadrado y un mínimo de cinco localidades. En una provincia como Burgos, con una dispersión de población y de servicios tan alta, “se hace difícil cumplir con las exigencias de una ley demasiado rígida”. Con estos mapas, se “fuerza” a los municipios y pedanías “a integrarse en mancomunidades que pueden no responder” a las necesidades reales de su población. Anteponer la rentabilidad económica a la social como medida de cualquier acción pública muestra el “menosprecio por los pueblos y sus gentes que, aunque ya no producen beneficio en términos económicos, atesoran otras virtudes más humanas”, recuerda Manjón. Y el objetivo, subraya, es detraer competencias a los ayuntamientos y a la propia diputación “para dar contenido a las mancomunidades y hacer desaparecer en la práctica las pedanías y entidades locales menores”, indica, “que serán los pasos siguientes a dar”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here