El traslado al Constitucional del impuesto de la Junta a Garoña da la razón al PSOE

El traslado al Tribunal Constitucional del impuesto de la Junta de Castilla y León a la central nuclear de Garoña ha dado la razón al PSOE. O al menos así lo ha explicado la secretaria provincial del PSOE y diputada nacional, Esther Peña, quién ha recordado que el único objetivo de este gravamen era “sacarse de la manga un impuesto a la no actividad de la planta».

En septiembre del pasado año, el PSOE ya denunció esta situación al presentar las enmiendas al Proyecto de ley de este gravamen al almacenamiento de residuos nucleares, al que tachan de «inédito». Y es que Esther Peña ha recordado que el Ejecutivo autonómico se negó a gravar la actividad económica de la planta nuclear cuando estaba operativa.

Ahora, tal como se ha acordado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Estado va a recurrirlo, tras una reunión entre Gobierno de la Nación y Ejecutivo autonómico, en la que se pretendía llegar a un acuerdo para que no se llegara a la actual situación.

Así las cosas, la Junta solo ha logrado recaudar una cantidad mínima por el escaso tiempo transcurrido desde que entró en vigor el impuesto, casi a finales de 2018, y que tendrá que devolver y con intereses a la propietaria de la planta. Una cantidad que además dista, y mucho, de los 10 millones que se contemplaban en los presupuestos autonómicos de 2018, cuantía que estaba previsto que se repitiera en los de 2019.

Por todo ello, a juicio de Peña, “a la Junta no le queda más remedio que invertir esa cantidad, los 10 millones comprometidos, que debería detraer de su propio presupuesto”.

En cuanto a la crítica del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que tras conocerse la noticia no dudó en arremeter contra el Gobierno central, Esther Peña le recuerda que Ciudadanos votó en contra de este proyecto de Ley.

En este sentido Peña ha recordado a Igea que lo único que hace el Ejecutivo central es “cumplir la legalidad”. “No descarto que Igea ya no sea capaz de distinguir el límite entre lo legal e ilegal o lo ético y lo mezquino, pero el PSOE sí lo tiene claro”, remarca la socialista.

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