A trámite la ordenación del transporte público por carretera

La Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación del nuevo mapa de ordenación del transporte público por carretera en la Comunidad. Esta consulta previa pública es un procedimiento ordinario para iniciar toda la tramitación administrativa para la conformación del mapa que permitirá “abrir un nuevo horizonte para establecer un nuevo transporte que se adapte a la Castilla y León del siglo XXI, a los cambios poblacionales y a los movimientos de población”, según ha destacado el consejero de Fomento y Medio Ambiente.

El mapa, que tendrá que ser aprobado en un plazo máximo de un año, es un instrumento básico de la reforma de la red de transporte público interurbano por carretera.

Con la nueva Ley de 2018 y sobre la base de la extinción de los contratos antiguos se “abre un nuevo horizonte para establecer un nuevo transporte que se adapte a la Castilla y León del siglo XXI, a los cambios poblacionales y de movimiento de población”, ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, quien considera “muy importante la participación de toda la población, de los municipios y diputaciones para conformar con un amplio consenso social y político un transporte que responda a las necesidades, exigencias y derechos de los castellanos y leoneses”.

Por tanto, es un compromiso de la Junta de Castilla y León aprobar un Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros que sirva como instrumento para rediseñar la red pública de transporte de nuestra Comunidad, para hacerla más eficiente y coordinarla con las políticas transversales de lucha contra la despoblación y cuyo objetivo será garantizar el derecho a la movilidad de las personas en todo el territorio convirtiendo el nuevo modelo de transporte en instrumento decisivo en la defensa de la igualdad de oportunidades entre los habitantes de las áreas rurales y la ciudad.  En este sentido, es preciso recordar que el pasado 4 de marzo de 2019 se presentó para su debate y participación ciudadana la propuesta de bases para la elaboración del Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros. 

De esta manera, el nuevo diseño territorial del transporte público que establecerá el Mapa de Ordenación del Transporte debe servir para categorizar todas aquellas situaciones derivadas de la realidad demográfica y socioeconómica a las que es preciso dar respuesta.

Esta nueva ordenación va a permitir desplegar en Castilla y León un sistema de transporte público de viajeros por carretera eficiente, seguro, moderno y de calidad, adaptado a las necesidades de movilidad propias de nuestra Comunidad -con más de 6.000 núcleos de población- y que, además, consolide todas aquellas medidas ya aplicadas, especialmente en materia de transporte rural, como el sistema de Transporte a la Demanda o el ‘transporte de uso compartido’ entre el escolar y el regular de uso general, que han convertido a nuestra Región en un referente a la hora de dar un servicio público de transporte en ámbitos territoriales de difícil cobertura.

Tramitación

Una vez aprobado el Mapa de Ordenación de Transporte se tramitarán los Anteproyectos de Explotación de las concesiones que integran los diferentes servicios -documento técnico que recoge todas las circunstancias relativas a la prestación del servicio como son las rutas, horarios, número de expediciones, paradas, número de vehículos, coste económico del servicio, compensaciones que debe abonar la Administración, entre otras-. Dicho documento será sometido a la máxima participación social e información pública con anterioridad a su aprobación. Una vez aprobados, sobre la base de dichos Proyectos de Explotación, se deberán redactar los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de regir la licitación de los futuros contratos de concesión de servicio público.

Garantizar los derechos de los trabajadores

Uno de los objetivos fundamentales del nuevo mapa y organización del sector del transporte público por carretera es garantizar los derechos de los trabajadores de las actuales empresas mediante la subrogación y a través de una mayor intervención de los agentes sociales y económicos en el marco del Diálogo Social con el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo.

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